Las carencias en la administración de la justicia no son atribuibles a los preceptos normativos en sí mismos, sino más bien a su implementación por parte del juez, y a la forma en que lo hace en cada caso en particular. En otras palabras, es lógico que la calidad y eficacia de la justicia dependa, fundamentalmente, de la idoneidad del personal que la administra. Por esta razón, en el marco del proceso de reforma de la justicia que se inició en los años ´80 en numerosos países latinoamericanos, se sometió también a reformas fundamentales a la administración de la justicia y, de esta manera, al órgano responsable de nombrar y elegir y, dado el caso, de sancionar y remover a los jueces. La tendencia fue el traslado de esta competencia de las Cortes Supremas a los llamados Consejos de la Magistratura o Consejos de la Judicatura.

Sin embargo, a pesar del establecimiento de estas instituciones, la situación continúa siendo insatisfactoria en numerosos países y, en especial, la confianza de los ciudadanos en la justicia es extremadamente escasa en prácticamente toda la región.

Por esta razón, la Fundación Konrad Adenauer (KAS, Alemania), conjuntamente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP, Argentina), investigó en el marco de un estudio comparado, el posicionamiento de los Consejos en el sistema de justicia en diferentes países de América del Sur y Central -concretamente Argentina, Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú- y el modo en que podrían alcanzarse mejoras en su funcionamiento, según cada caso en particular. La dirección académica del proyecto estuvo a cargo de Sebastián Tedeschi (INECIP), a quien deseo expresar mi especial agradecimiento, así como a todos los demás colaboradores del proyecto.

A comienzos de 2002 se establecieron las hipótesis y bases metodológicas para la evaluación planeada en dichos países. Los resultados fueron ingresados en una matriz, para lo cual se recurrió en parte a los resultados de un estudio realizado en el año 2000 -también por INECIP y la Fundación Adenauer- si bien entonces abarcó solamente a la Argentina.

Del 19 al 20 de abril de 2002 esta matriz fue discutida y perfeccionada en un evento dise- ñado como taller, en el cual participaron colaboradores de las siguientes instituciones socias: Centro de Estudios sobre Justicia y Participación (CEJIP, Bolivia), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y Centro de Estudios Penales (FESPAD y CEPES, El Salvador), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Paraguay) e INECIP (Perú).

Mediante la matriz mencionada, y hasta el 15 de octubre de 2002, se elaboraron los informes nacionales. Entre el 15 de octubre y el 8 de noviembre de 2002 tuvieron lugar talleres en todos los países abarcados por el proyecto, en los cuales se discutieron los informes con representantes de instituciones estatales y sociales relevantes. Con posterioridad, se elaboró un informe internacional comparativo que, conjuntamente con los informes nacionales, se publica en este número especial de la reconocida revista de alcance regional Pena y Estado.

El Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer se ha propuesto el objetivo de brindar apoyo sostenido a la democratización en América Latina y de realizar un aporte al desarrollo y a la profundización de un orden jurídico eficiente, basado en los principios del Estado de Derecho como centro de cada sistema democrático. Y espero que la presente publicación constituya un aporte en esta dirección.