El relanzamiento de Pena y Estado implicó un motivo de celebración para quienes integramos el equipo de trabajo de la revista en esta nueva época. Como venimos sosteniendo desde los distintos espacios que integramos, la necesidad de construir saberes específicos en materia de política criminal y seguridad se vuelve un imperativo para quienes pugnamos por salir de la inercia y la superficialidad a la que nos tienen acostumbrados los debates públicos alrededor de estos temas.

Por ello, sentimos una profunda responsabilidad a la hora de promover espacios de debate de ideas, con el máximo rigor científico, pero sin perder de vista la necesidad de que esas reflexiones puedan transformarse en insumos útiles para la toma de decisiones en materia de control de la criminalidad.

Luego de muchos esfuerzos, y pandemia mediante, nos encontramos con un segundo número que continúa la línea iniciada en el primero, con una variedad de autoras y autores que nos aportan enfoques muy valiosos para seguir pensando la seguridad y la política criminal en clave de eficacia y eficiencia y bajo valores democráticos.

En primer lugar, entrevistamos a Matías Dewey, recorrimos su trayectoria en el mundo de la investigación social y, en particular, sus valiosos aportes para el estudio de los mercados ilegales. El estudio de las problemáticas criminales desde un enfoque de mercado atraviesa este número en más de una ocasión y la charla con Matías nos arroja algunas herramientas teóricas que esperemos motiven a los lectores para profundizar estas cuestiones en nuestro país y en la región.

Inaugurando la sección Artículos, Daniel Adler hace un recorrido por los sistemas de justicia que tradicionalmente han puesto sus prioridades en el tratamiento del niño delincuente, pero han mantenido bajo las sombras las preocupaciones sobre el niño víctima. En este sentido, propone trabajar en un cambio de paradigma, que incorpore la asistencia, contención y protección de este último para reducir las condiciones que luego redundan en el niño seleccionado por las agencias penales.

Luego, Carolina Maniowicz nos presenta un enfoque novedoso para pensar el abordaje del fenómeno de la trata de personas con fines de explotación laboral. La autora propone pensar las intervenciones en el fenómeno criminal desde el estudio de los mercados legales que hacen de soporte y generan las condiciones para que se materialice la explotación. Cerrando esta sección, Tamara Peñalver nos invita a superar las frustraciones y avanzar en modelos de persecución penal que integren el trabajo de los ministerios públicos a la agenda político criminal con una mirada estratégica del fenómeno criminal.

En la sección Reseñas, Alejandra Freire nos acerca al libro El subsistema fronterizo argentino: mercados ilegales, delito económico organizado y regulaciones estatales, realizado en el marco del proyecto de investigación “Explorando la economía política de la violencia en los sistemas fronterizos de América Latina: hacia una comprensión integral”.

Si la entrevista con Dewey nos dio una perspectiva sobre la complejidad que conlleva el estudio de los mercados ilegales, Alejandra nos invita a alejarnos de miradas maniqueas respecto de la criminalidad y pensarla desde lógicas de modelos de negocios, donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal se vuelven cada vez más difusas y la obtención de grandes márgenes de ganancias orientan la actividad tanto de empresas legales como de organizaciones criminales, sin importar los medios ni las consecuencias.

En Cultura, Eugenio Camadro Jáuregui nos trae interesantes reflexiones sobre la construcción de realidades, los medios de comunicación masiva y las ficciones televisivas en materia policial con un análisis de la serie ManHunt: The Unabomber.

La novedad de este número de la revista está dada por la sección Conversaciones. Pretendemos aquí incorporar una serie de charlas, en un formato más distendido, donde se incorporen debates actuales en materia de política criminal y seguridad. En primer lugar, tuvimos la suerte de contar con el aporte de Alberto Binder, quien nos trae algunas ideas interesantes respecto de la producción de información criminal y los circuitos de toma de decisiones. Como nos tiene acostumbrados, Alberto pone en palabras simples problemas complejos y nos deja algunas claves para pensar procesos de trabajo al interior de centros de producción de información criminal.

Cerrando la sección y el número de la revista –pero no menos importante–, Analía Ploskenos nos cuenta la experiencia de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación y los desafíos de llevar adelante una Política de Persecución Penal con Perspectiva de Género.

Analía recorre la historia reciente de la unidad especializada en materia de litigio estratégico, producción de información criminal y el desarrollo de herramientas para la investigación y el litigio en casos de violencia de género, así como enumera los desafíos que tiene por delante la unidad para lograr una materialización de una política de persecución penal con perspectiva de género.

Esta revista es el resultado de un esfuerzo colectivo que tiene por objetivo impulsar debates sobre temas que muchas veces son tratados de forma superficial o bajo intereses que no siempre llevan a la eficacia y eficiencia como bandera. Por eso, esperamos que este número despierte el interés de todas aquellas personas que se encuentran trabajando estos temas –tanto en la teoría como en la praxis- y fortalezca los espacios de reflexión que redunden en toma de decisiones de calidad a la hora de reducir las violencias asociadas a las problemáticas criminales.