14/02/2017
El presente número aborda uno de los temas centrales, tal vez más relevantes y más descuidados de las reformas judiciales: la defensa pública. No existe un sistema acusatorio genuino, no se da un contradictorio acabado si no contamos con una defensa pública fuerte y en un pie de igualdad con el Ministerio Público Fiscal.
Defensa pública - Editorial
El Nº 5 de Pena y Estado aborda uno de los temas centrales, tal vez más relevantes y más descuidados de las reformas judiciales: la defensa pública. No existe un sistema acusatorio genuino, no se da un contradictorio acabado si no contamos con una defensa pública fuerte y en un pie de igualdad con el Ministerio Público Fiscal. En este sentido, nuestros países han fortalecido sus Ministerios Públicos Fiscales, a partir de los movimientos de reforma, no siguiéndose un proceso de la misma magnitud en la defensa pública como institución.
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Defensa pública - Informe
No obstante existir en los últimos años un mayor nivel de conciencia sobre el estado crítico de los servicios de defensa pública de la región, pocas veces se ha considerado la incidencia de esta verdadera situación de quiebre en el marco del proceso penal, o atendido al diseño de alternativas superadoras de los propios modelos de servicio, que en general muestran una llamativa desconexión con las necesidades de la realidad.
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En julio de 1989 se celebraron en la ciudad de Buenos Aires las “Primeras Jornadas Interamericanas de Defensores Públicos y Tercer Encuentro de Defensores Públicos de Río de Janeiro”; en esa oportunidad los defensores oficiales cariocas repartieron gran cantidad de adhesivos con la leyenda que da título a este trabajo. .
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El Estado Social de Derecho implica una exigencia ética al Estado que consiste en respetar y hacer efectivos no solo los derechos fundamentales, sino también aquellos derechos de segunda generación que buscan satisfacer las necesidades básicas fundamentales de todos los individuos dentro de la sociedad.
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La provincia de Buenos Aires reformó en 1994 su Constitución, simultáneamente junto a la reforma de la Carta Magna del país. Lamentablemente, los constituyentes provinciales no aprovecharon el impulso para reflejar en sus normas los radicales cambios sucedidos en el ministerio público en el curso de la reforma de los sistemas de enjuiciamiento penal latinoamericanos.
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Una revisión a las constituciones de los países centroamericanos permite constatar que, en ellas, existe un reconocimiento expreso de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y de las garantías que protegen a cualquier persona en un proceso penal.
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El universo de acciones que pueden ser conceptualizadas como de defensa, producidas por la Defensa Pública, es complejo y excede al de la Defensa Privada.
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Defensa pública - Legislación
El Estatuto de Roma aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional entra en vigencia el 1º de julio del 2002. El Estatuto crea un Tribunal permanente, independiente y vinculado con la organización de las Naciones Unidas, con jurisdicción sobre personas individuales, no sobre los Estados, respecto de los crímenes de más grave trascendencia internacional, que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.
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“Para ganar legitimidad las nuevas cortes deben demostrar que no son simples máquinas condenatorias, sino que también, proporcionan a las personas acusadas, un juicio justo” (Elise Grouxl, presidenta de la AIADP)
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El Servicio Público de Defensa Penal de Guatemala nació al promulgarse el nuevo Código Procesal Penal, vigente desde julio de 1994. En la etapa que alcanza hasta el año 2000, los cambios institucionales más importantes producidos en la defensa pública se han debido principalmente a los Acuerdos de Paz y al proyecto de fortalecimiento institucional implementado por una misión de paz de las Naciones Unidas: MINUGUA.
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“I am a Public Defender I am the guardian of the presumption of innocence My clients are the indigent accused. They are the lonely, the friendless. There is no one to speak for them but me. My voice will be raised in their defense. I will protect and defend my clients and the Constitution Of the United States and the State of Florida. So help me God” -adoptado del Defender’s Credo y State Law of Florida
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Una de las características que distingue a la última década en materia de ejecución penal, es la sucesión de una serie de modificaciones a nivel legislativo, que han permitido poner nuevamente en consideración de quienes actúan el sistema penal, la cuestión de cómo y con qué sentido se ejecuta la pena privativa de la libertad.
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El sistema de defensorías oficiales en el ámbito penal, tanto de Instrucción, Criminal, Correccional, Menores, Penal Económico y Penal Federal se encuentra colapsado.
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El presente trabajo es el resultado de un proyecto de investigación llevado a cabo por un grupo de jóvenes abogados de las Defensorías Públicas ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal durante el año 1999. El nombre elegido para designarlo –“DEFENDER”, indica el núcleo de la actividad a la cual nos dedicamos a diario, que en este nuevo emprendimiento intelectual es ubicada como objeto de estudio.
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Los autores son miembros titulares del INECIP (Argentina) y formaron parte de la comisión de implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal de la provincia de Buenos Aires en el área de la defensa pública. El cuaderno que aquí se publica tuvo una gran difusión e influencia en los comienzos de la reforma.
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