Luego de más de dos años de ausencia, la revista Pena y Estado circula nuevamente entre nosotros con esta nueva edición. Estos años, signados por un intenso trabajo pero también no exento de dificultades económicas que obstaculizaron la continuidad de su publicación, han representado también la carencia de un espacio de debate, necesario para mejorar cualitativamente tanto la discusión teórica como las prácticas judiciales cotidianas.

Es así que el Nº 5 de Pena y Estado aborda uno de los temas centrales, tal vez más relevantes y más descuidados de las reformas judiciales: la defensa pública. No existe un sistema acusatorio genuino, no se da un contradictorio acabado si no contamos con una defensa pública fuerte y en un pie de igualdad con el Ministerio Público Fiscal. En este sentido, nuestros países han fortalecido sus Ministerios Públicos Fiscales, a partir de los movimientos de reforma, no siguiéndose un proceso de la misma magnitud en la defensa pública como institución.

El acceso a la justicia y el de la tutela efectiva, como uno de los pilares del Estado de Derecho, se han convertido en puntos medulares para cualquier abordaje serio de las reformas judiciales que pretenda dar respuestas a los graves problemas que plantea ofrecer un servicio de justicia efectivo a todos los ciudadanos. Es así que el problema del acceso a la justicia adquiere una fuerza y una urgencia que antes quizás no tenía, porque se trata finalmente de saber qué instrumentos concretos pone el sistema democrático en manos de los ciudadanos para luchar por una vida digna, sin abandonar los principios de una vida colectiva pacífica y tolerante.

Si analizamos la defensa pública en materia penal específicamente, podemos apreciar una tergiversación de su concepción primaria, dado que en la mayoría de los países de la región la consideran como un servicio auxiliar que cubre aquellos casos que el servicio privado de abogados no puede atender, situación que tiende a agravarse si se considera que aquellos que requieren una asistencia gratuita son la mayoría.

Y el problema no es normativo, porque a pesar que el reconocimiento de la defensa pública es general, y está receptado en los instrumentos internacionales, ciertamente no se ha podido avanzar a la etapa subsiguiente, cual es la de brindar un servicio efectivo.

Este número de Pena y Estado ofrece al lector una serie de artículos, presentados en sus diferentes secciones, que abordan desde la relación de la Defensa Pública con el Estado de Derecho, reflexionando asimismo sobre el acceso a la justicia, destacando la situación de la Defensa Pública en la Justicia Penal, y enfatizando los  principios que nutren la Defensa Pública.

No queremos dejar de agradecer al equipo de trabajo que ha hecho posible el surgimiento de esta revista, y que con este número finaliza su etapa de contribución a este proyecto. Asimis mo, a la Dra. Fernanda López Puleio, quien reunió el material y compiló los nuevos artículos que forman parte de esta revista. Con este número termina un ciclo pero también empieza otro, caracterizado por el mismo entusiasmo y los mismos ideales que han marcado fuertemente el origen de Pena y Estado.

Los números siguientes contarán con un nuevo staff y con un renovado esquema de autoridades, aunque conservando los mismos objetivos, que son los de elevar la calidad académica, representar una contribución notable al trabajo de todos aquellos vinculados al sector justicia y promover la discusión permanente y profunda alrededor de temas claves.